LA PENA DE MUERTE ASOMA EN PERÚ
Intrigados por el pedido de la
presidenta Dina Boluarte de debatir a nivel nacional la pena de muerte en casos
brutales como la "violación a menores de edad", fuimos en busca de dos abogados
de la ciudad de Iquitos, quienes por su trayectoria y conocimiento, son voces
autorizadas para opinar y dar su punto de vista sobre el tema, sin desmerecer lo que otros ciudadanos
pueden pensar, pues de lo que se trata es de enriquecer el debate y sobre todo
aclarar si es viable esta propuesta y qué consecuencias tendría en nuestro
país.
Para el abogado Warren Gonzáles,
con más de treinta años de trayectoria en el Derecho y muchos casos ganados
como abogado litigante, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, la pena
de muerte está restringido a ciertos delitos, haciendo necesario que se
modifique la Constitución para su aplicación en otros delitos, así como la
renuncia al Pacto de San José.
"Por su carácter irreversible, da la impresión que en efecto es la solución, todos los gobiernos impopulares
levantan esta figura para levantar su popularidad. No es la primera vez que un
gobierno impopular levanta demagógicamente esta medida. El Estado, que es
rector de conductas, no puede elevar a categoría constitucional aquellos
sentimientos que provienen de los extractos más oscuros de la psique humana. Es
natural que un familiar reclame la ley del talión, pero en un Estado, los
elementos de racionalidad se imponen", sostuvo Gonzáles.
En el Perú, la pena de muerte
se aplica únicamente por traición a la patria en tiempos de guerra y por
terrorismo. La última condena de este tipo se dio en 1979, durante el gobierno
de Morales Bermúdez. Sin embargo, ante la ola de violencia que azota al país,
con casos de sicariato (casi todos los días) contra empresarios o trabajadores
por no pagar extorsiones, secuestros a empresarios o sus familiares, feminicidios y violaciones a menores de edad cada cierto tiempo, la pena
de muerte se convierte (en efecto) en una "propuesta populista".
"Se pretenden buscar fórmulas
pero hay que trabajar desde la etapa inicial, la política criminal abarca todo
eso. Hay toda una dinámica evolutiva de los derechos humanos a proscribir la
pena de muerte. La pena de muerte no amedrenta, el que sale a asaltar sabe que
se está jugando la vida. No se limita a un tema de derecho penal, los políticos
se equivocan. La deserción escolar a temprana edad, los sicarios pubertos, hay una
indisciplina social bagante. Nuestras bases de formación se han deteriorado desde
que Fujimori asumió el gobierno y rompió la institucionalidad",, subrayó Gonzáles.
En febrero de 2018, una
encuesta de IPSOS reveló que el 87% de peruanos estaban de acuerdo con la pena
de muerte y el 68% creían que dicha pena reduciría los asesinatos. El 2024, una
encuesta digital en La Libertad, señaló que el 97.7% de la ciudadanía estaba a
favor de la pena de muerte. La Libertad es la segunda región más violenta del Perú,
solo por debajo de Lima. En dicha región, son varias las organizaciones
criminales que se disputan los delitos de extorsión, sicariato y minería ilegal,
entre ellos Los Pulpos, Los Compadres, Pulpos Nueva Generación y Los Ochenta.
¿La pena de muerte debería aplicarse
solo para violadores de niños o también para sicarios, extorsionadores y feminicidas?
El 2024, el Ministerio de Salud
reportó 10,908 casos atendidos de abuso sexual en contra de menores de edad, una cifra
que sobrepasa largamente a las del sicariato y extorsión. Para el actual Decano
del Colegio de Abogados de Loreto, Marco Noriega, doctor en Derecho por la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la pena de muerte se debe
implementar por el alarmante índice de crecimiento de los delitos de violación de
menores de edad.
"Se debe retirar a Perú de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es viable de acuerdo al artículo
78° de dicha convención. Las cifras de violaciones a menores de edad y otros
delitos graves en los últimos cinco años son alarmantes. Menores que han sido
vulnerados, sus proyectos de vida como tal, y para contrarrestar esto, el
Estado peruano debe actuar inmediatamente, para asegurar la protección de los
menores de edad. Esto conlleva a todo un procedimiento legal y logístico que ayudaría
a garantizar y proteger a los niños y adolescentes frente a actos tan
reprochables", aseguró Noriega.
Según Amnistía Internacional,
no hay pruebas de que la pena de muerte disuada de cometer delitos más que la
pena de prisión. El número de prisioneros condenados a pena de muerte en Estados
Unidos ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2009, pasando de 52, ese año, a 11 en 2021, la cifra más baja registrada durante el periodo. En el país
norteamericano, solo 27 estados —de los 50— contemplan esta pena. Otros países como
China, Irán, Corea del Norte y Arabia Saudita también practican la pena
capital.
Como conclusión, podemos darnos
cuenta que hay posiciones a favor y en contra, dependiendo de los delitos,
algunos considerados más graves como el abuso sexual contra menores de
edad, o incluso el sicariato, que arrebata la vida a otra persona de manera
cruel y violenta. Lo mismo sucede con el feminicidio, habiéndose registrado 170 casos el 2024 en Perú. Desde mi punto de vista, el debate debería enfocarse en
endurecer las condenas para delitos graves como el sicariato, violaciones a
menores, secuestros agravados y otros, además de poder juzgar a menores de 16 y
17 años como adultos cuando empuñan un arma para matar.
Me inclino más por la posición
del abogado Warren Gonzales, quien afirma que se debe trabajar desde la "etapa inicial".
Es cierto, la pena de muerte no va a amedrentar a los delincuentes, quienes van
a seguir cometiendo sus ilícitos penales porque saben bien lo que hacen. Su único
interés es el dinero y no la vida de las víctimas. Por eso es importante que la
justicia haga un buen trabajo y no deje en libertad a sicarios, extorsionadores,
violadores, feminicidas y otros. Tenerlos tras las rejas con condenas sumamente severas como la "cadena perpetua", puede marcar un antes y un después en la
vida de la sociedad peruana en los próximos diez años.
También es importante que el
Estado reestructure su política penitenciaria, aumentando y mejorando la
infraestructura carcelaria, sin privilegios de ningún tipo, y sometiendo a
rigurosos controles al personal del INPE y a los reclusos, además de auditorías trimestrales. Poner
a trabajar a los delincuentes para pagarle al país y a sus víctimas es una opción bastante viable, de esa manera justifican su alimentación y los gastos al erario nacional. Asimismo, las condenas deberían
ser acumulativas. Proceder con una política de deportación masiva
de delincuentes extranjeros y mayor logística para la policía, sobre todo en
zonas de frontera, podrían ayudar en este proceso.
Lo de Dina no deja ser un "debate estéril" para justificar la ineficiencia de su gobierno en la lucha contra el
crimen común y organizado, manteniendo a ministros incompetentes como el del
Interior, quien más parece el "bombero" de la presidenta que el encargado de
diseñar y ejecutar políticas públicas de seguridad interna. Todo
esto sucede a poco más de un año de las elecciones generales 2026, donde elegiremos a presidente, diputados y senadores. No nos olvidemos que el
actual Congreso tiene mucho que ver en esta ola de criminalidad al haber derogado leyes que nos protegían del hampa por favorecer a sus colegas, involucrados en organizaciones criminales y
otros delitos.
