Ramiro Celis Guerra

LA PENA DE MUERTE ASOMA EN PERÚ

Intrigados por el pedido de la presidenta Dina Boluarte de debatir a nivel nacional la pena de muerte en casos brutales como la "violación a menores de edad", fuimos en busca de dos abogados de la ciudad de Iquitos, quienes por su trayectoria y conocimiento, son voces autorizadas para opinar y dar su punto de vista sobre el tema, sin desmerecer lo que otros ciudadanos pueden pensar, pues de lo que se trata es de enriquecer el debate y sobre todo aclarar si es viable esta propuesta y qué consecuencias tendría en nuestro país.

Para el abogado Warren Gonzáles, con más de treinta años de trayectoria en el Derecho y muchos casos ganados como abogado litigante, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, la pena de muerte está restringido a ciertos delitos, haciendo necesario que se modifique la Constitución para su aplicación en otros delitos, así como la renuncia al Pacto de San José.

"Por su carácter irreversible, da la impresión que en efecto es la solución, todos los gobiernos impopulares levantan esta figura para levantar su popularidad. No es la primera vez que un gobierno impopular levanta demagógicamente esta medida. El Estado, que es rector de conductas, no puede elevar a categoría constitucional aquellos sentimientos que provienen de los extractos más oscuros de la psique humana. Es natural que un familiar reclame la ley del talión, pero en un Estado, los elementos de racionalidad se imponen", sostuvo Gonzáles.  

En el Perú, la pena de muerte se aplica únicamente por traición a la patria en tiempos de guerra y por terrorismo. La última condena de este tipo se dio en 1979, durante el gobierno de Morales Bermúdez. Sin embargo, ante la ola de violencia que azota al país, con casos de sicariato (casi todos los días) contra empresarios o trabajadores por no pagar extorsiones, secuestros a empresarios o sus familiares, feminicidios y violaciones a menores de edad cada cierto tiempo, la pena de muerte se convierte (en efecto) en una "propuesta populista". 

"Se pretenden buscar fórmulas pero hay que trabajar desde la etapa inicial, la política criminal abarca todo eso. Hay toda una dinámica evolutiva de los derechos humanos a proscribir la pena de muerte. La pena de muerte no amedrenta, el que sale a asaltar sabe que se está jugando la vida. No se limita a un tema de derecho penal, los políticos se equivocan. La deserción escolar a temprana edad, los sicarios pubertos, hay una indisciplina social bagante. Nuestras bases de formación se han deteriorado desde que Fujimori asumió el gobierno y rompió la institucionalidad",, subrayó Gonzáles.      

En febrero de 2018, una encuesta de IPSOS reveló que el 87% de peruanos estaban de acuerdo con la pena de muerte y el 68% creían que dicha pena reduciría los asesinatos. El 2024, una encuesta digital en La Libertad, señaló que el 97.7% de la ciudadanía estaba a favor de la pena de muerte. La Libertad es la segunda región más violenta del Perú, solo por debajo de Lima. En dicha región, son varias las organizaciones criminales que se disputan los delitos de extorsión, sicariato y minería ilegal, entre ellos Los Pulpos, Los Compadres, Pulpos Nueva Generación y Los Ochenta.

¿La pena de muerte debería aplicarse solo para violadores de niños o también para sicarios, extorsionadores y feminicidas?

El 2024, el Ministerio de Salud reportó 10,908 casos atendidos de abuso sexual en contra de menores de edad, una cifra que sobrepasa largamente a las del sicariato y extorsión. Para el actual Decano del Colegio de Abogados de Loreto, Marco Noriega, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la pena de muerte se debe implementar por el alarmante índice de crecimiento de los delitos de violación de menores de edad.

"Se debe retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es viable de acuerdo al artículo 78° de dicha convención. Las cifras de violaciones a menores de edad y otros delitos graves en los últimos cinco años son alarmantes. Menores que han sido vulnerados, sus proyectos de vida como tal, y para contrarrestar esto, el Estado peruano debe actuar inmediatamente, para asegurar la protección de los menores de edad. Esto conlleva a todo un procedimiento legal y logístico que ayudaría a garantizar y proteger a los niños y adolescentes frente a actos tan reprochables", aseguró Noriega.

Según Amnistía Internacional, no hay pruebas de que la pena de muerte disuada de cometer delitos más que la pena de prisión. El número de prisioneros condenados a pena de muerte en Estados Unidos ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2009, pasando de 52, ese año, a 11 en 2021, la cifra más baja registrada durante el periodo. En el país norteamericano, solo 27 estados —de los 50— contemplan esta pena. Otros países como China, Irán, Corea del Norte y Arabia Saudita también practican la pena capital.  

Como conclusión, podemos darnos cuenta que hay posiciones a favor y en contra, dependiendo de los delitos, algunos considerados más graves como el abuso sexual contra menores de edad, o incluso el sicariato, que arrebata la vida a otra persona de manera cruel y violenta. Lo mismo sucede con el feminicidio, habiéndose registrado 170 casos el 2024 en Perú. Desde mi punto de vista, el debate debería enfocarse en endurecer las condenas para delitos graves como el sicariato, violaciones a menores, secuestros agravados y otros, además de poder juzgar a menores de 16 y 17 años como adultos cuando empuñan un arma para matar.

Me inclino más por la posición del abogado Warren Gonzales, quien afirma que se debe trabajar desde la "etapa inicial". Es cierto, la pena de muerte no va a amedrentar a los delincuentes, quienes van a seguir cometiendo sus ilícitos penales porque saben bien lo que hacen. Su único interés es el dinero y no la vida de las víctimas. Por eso es importante que la justicia haga un buen trabajo y no deje en libertad a sicarios, extorsionadores, violadores, feminicidas y otros. Tenerlos tras las rejas con condenas sumamente severas como la "cadena perpetua", puede marcar un antes y un después en la vida de la sociedad peruana en los próximos diez años.

También es importante que el Estado reestructure su política penitenciaria, aumentando y mejorando la infraestructura carcelaria, sin privilegios de ningún tipo, y sometiendo a rigurosos controles al personal del INPE y a los reclusos, además de auditorías trimestrales. Poner a trabajar a los delincuentes para pagarle al país y a sus víctimas es una opción bastante viable, de esa manera justifican su alimentación y los gastos al erario nacional. Asimismo, las condenas deberían ser acumulativas. Proceder con una política de deportación masiva de delincuentes extranjeros y mayor logística para la policía, sobre todo en zonas de frontera, podrían ayudar en este proceso.

Lo de Dina no deja ser un "debate estéril" para justificar la ineficiencia de su gobierno en la lucha contra el crimen común y organizado, manteniendo a ministros incompetentes como el del Interior, quien más parece el "bombero" de la presidenta que el encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas de seguridad interna. Todo esto sucede a poco más de un año de las elecciones generales 2026,  donde elegiremos a presidente, diputados y senadores. No nos olvidemos que el actual Congreso tiene mucho que ver en esta ola de criminalidad al haber derogado leyes que nos protegían del hampa por favorecer a sus colegas, involucrados en organizaciones criminales y otros delitos.