Ramiro Celis Guerra

 LOS MELÉNDEZ SALINAS EN LA POLÍTICA DE LORETO

Rosío Torres Salinas no sabe dónde meterse, evade las preguntas de la periodista Thais Casalino de “Contracorriente” —programa dominical que se emite por Willax—, quien la persigue por “los pasos perdidos” del Congreso, cuestionándole por su accionar en el caso “mochasueldo”, donde es investigada por recortar el sueldo a sus trabajadores para financiar la campaña de su esposo Fernando Meléndez Celis, quien es precandidato al Gobierno Regional de Loreto por la “A” de César —“plata como cancha”— Acuña.

Fernando Meléndez se hizo conocido —el 2010— por ser un férreo opositor de Yván Vásquez Valera. Su organización política el MIL usaba el color naranja, el mismo que usaba el fujimorismo con Keiko, quizá influenciado por su suegra, la fujimorista y exparlamentaria Nely Salinas. Meléndez ganó las elecciones regionales en 2014 y su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción y promesas de campaña incumplidas. Tiempo después, el MIL pasó a mejor vida y apareció con la “A”, partido político con el que fue elegido congresista el 2020.   

Hace un año, “Contracorriente” emitió un reportaje presentando pruebas de los millonarios contratos que habían ganado las empresas de los familiares de Rosío Torres con el Estado. Estas empresas —que habrían sido constituidas como “fachada”— se beneficiaron con más de S/15 millones en el gobierno de Pedro Castillo. Esto no habría sido gratis, sino más bien una “motivación” para votar en contra de la vacancia presidencial. Recordemos que Torres Salinas también es investigada por el caso “Los Niños” junto a otros 15 parlamentarios, cuyas investigaciones en el Ministerio Público de Patricia Benavides eran —milagrosamente— archivadas a cambio de votos en determinados proyectos de ley.     

La “Ley de Contrataciones del Estado” no permite que los familiares de los congresistas contraten con el sector público, al ser consultada, Torres respondió “cuando tienes de mis vecinos, me los pasas”. Aquí estamos ante los delitos de tráfico de influencias y colusión. “No tengo conocimiento de nada”, finalizó. Es decir, Salinas no sabía cómo hicieron sus hermanos, tíos, primos y sobrinos para ganar contratos con el Estado con empresas formadas entre los años 2021 y 2022. Estos contratos se extendían a las Municipalidades de Balsapuerto (Alto Amazonas) y San Juan Bautista (Maynas).

Torres fue elegida congresista con 5,179 votos, mucho menos de lo que consiguieron otros candidatos en Loreto, sin embargo, el arrastre de la “A”, le permitió ocupar una curul. En el Registro de Proveedores del Estado, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, 18 familiares de la esposa de Fernando Meléndez ganaron órdenes de contrataciones directas por más de S/117 mil. En las direcciones puestas como domicilio legal por las “empresas de fachada”, los propietarios aseguraban no conocer a los representantes y menos el funcionamientos de los servicios.   

Pese a todos estos cuestionamientos, Torres Salinas fue absuelta en el Congreso, ya que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votó a favor del archivamiento del caso “mochasueldo”, haciendo evidente que “otorongo no come a otorongo”. Sin embargo, la investigación del Ministerio Público continúa, pues lo que se quiere es llegar al fondo del asunto y determinar la responsabilidad de la congresista —y sus familiares—, quien ahora pretender ser “senadora”. Además, su cónyugue Meléndez, tiene más de 60 carpetas fiscales en Loreto, las cuales —extrañamente— no se mueven.