19 HORAS DE ANGUSTIA PARA RESCATAR A JESÚS MATEO

La mañana del 28 de febrero, los moradores de la localidad de Orellana, distrito de Vargas Guerra, Ucayali (Loreto), reportaron que un menor de aproximadamente un año y medio, a quien identificaron como Jesús Mateo, cayó en un pozo tubular de aproximadamente 15 metros de profundidad. Luego de un arduo trabajo, el niño fue rescatado alrededor de la 1:45 a.m. con ayuda de los Bomberos y la población.

Una de las primeras acciones fue bajar un celular —atado a una soga— para verificar el estado de salud del menor, quien a pesar de la profunda caída, se encontraba vivo. En el video se le podía apreciar lloroso, desorientado y con leves rasguños. Los pobladores lograron alcanzarle una cajita de jugo y su padre —cada cierto tiempo— le daba ánimo e instrucciones a través del tubo que habían instalado para hacerle llegar oxígeno.    

Según información de la Municipalidad Distrital de Vargas Guerra, el padre del menor caminaba con rumbo a una poza por un terreno del barrio de San Isidro, sin percatarse que su hijo lo seguía. Luego de bañarse, escuchó el llanto de un niño, era su hijo, quien había caído al agujero que no tenía tapa ni protección alguna. Hasta el momento, se desconoce el nombre del propietario o de la empresa responsable del pozo.

Ante la falta de rescatistas y personal especializado, el padre y varios pobladores empezaron a excavar un pozo paralelo —con sus propios medios— en un intento de rescatarlo. El alcalde de Vargas Guerra, Luis Segundo Abensur, dio aviso a las autoridades del gobierno regional y nacional para que envíen un equipo de rescatistas al lugar.  El pozo tenía entre 20 y 40 centímetros de diámetro, lo que dificultaba las labores de rescate.

La transmisión en vivo de Heli Tuanama, morador de la zona, hizo que los hechos se viralizaran en todo el Perú, generando cadenas de oración a favor del menor y movilizando a las autoridades del gobierno nacional en su lucha contra el tiempo por rescatar al niño, quien ya tenía más de 7 horas bajo tierra. Cabe señalar que la localidad de Orellana se encuentra en zona de frontera con Brasil, en el lugar solo hay 6 agentes de la Policía Nacional y 2 representantes de la Marina de Guerra. Además, no se cuenta con logística para este tipo de rescates.

Dos helicópteros de la Embajada de Estados Unidos llegaron desde Pucallpa con Bomberos, personal de INDECI y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) alrededor de la 1:00 p.m. Horas más tarde, a las 5:00 p.m., llegó una mini retroexcavadora, la cual permitió extraer mayor cantidad de tierra, facilitando el trabajo de los rescatistas, quienes se acercaban a la profundidad requerida para salvar al menor. Los trabajados se realizaron con intervalos de lluvia y se puso una carpa para cubrir la zona de trabajo.

Tras varias horas de excavación y trabajo conjunto de autoridades y pobladores, a la 12:00 a.m., el coronel PNP Carlos López —vocero del Ministerio del Interior—, aseguró que estaban a un metro de la profundidad requerida para rescatar al menor. A la 1:45 a.m., el pequeño Jesús había sido rescatado, siendo trasladado al Centro de Salud I-4 de Orellana y a las 8:00 a.m. al Hospital Regional de Pucallpa en un helicóptero del SAMU, donde recibe atención médica especializada.

El apoyo de los pobladores en los trabajos de excavación fue crucial, a pesar de la falta de equipos y provistos con palas y sus propias manos, lograron arrancar de las entrañas de la muerte a este menor. Creo que es totalmente justo que el Gobierno Nacional y —con mayor razón— el Gobierno Regional de Loreto les otorguen un reconocimiento por su invaluable labor en el rescate y el gran ejemplo de civismo que han dado a nivel nacional. Esta clase de personas son las que hacen grande a la región Loreto y al Perú.

 

REAL PLAZA TRUJILLO: VÍCTIMAS DE LA NEGLIGENCIA POLÍTICA Y EMPRESARIAL

Lo sucedido en el Real Plaza de Trujillo es una muestra más de la negligencia de las autoridades, el empresariado y la corrupción política que se vive en este país. El último domingo, veía la entrevista de Mónica Delta (Punto Final) a Misael Shimizu, gerente general del Real Plaza, y para ser honesto, daba más vergüenza que pena.

Shimizu no solo obvio la pregunta sobre la "reparación económica" que recibirán las víctimas de este lamentable suceso, sino que jamás aclaró cuales habrían sido las causas para que el techo del patio de comidas se venga abajo, dejando como saldo 5 fallecidos y más de 80 heridos.

OSITRÁN sí adelantó opinión: "posiblemente, las lluvias que afectan a gran parte del país, incluido Trujillo, se empozaron en el domo, ejerciendo presión hasta venirse abajo".

Shimizu solo atinó a decir que hicieron inspecciones técnicas el año pasado y que todo estaba bien, incluso que hicieron más de lo que se exigía. A simple vista, todo hace indicar que la negligencia no solo es de la Municipalidad de Trujillo por no hacer inspecciones minuciosas de las estructuras (solo se limitaron a hacer un informe de manera superficial), sino de la misma empresa, la cual habría sobrecargado el domo agregando elementos como drywall, luminarias, lonas y esto, sumando a la falta de evacuación de las aguas de lluvia, habría provocado el colapso.     

Evidentemente, esto lo tendrá que determinar una pericia fiscal o un estudio milimétrico de las estructuras del patio de comida, el cual se construyó en el 2015, varios años después de la inauguración del centro comercial, el segundo más grande fuera de Lima. Shimizu aseguró que están brindando todo el apoyo a las víctimas, sin embargo, hoy en Exitosa Noticias, algunos familiares indicaron que ningún trabajador del Real Plaza se ha puesto en contacto con ellos.

Es importante agregar que en el 2024, el fujimorismo promovió la "Ley Nano" (presentada por Nano Guerra, congresista ya fallecido), la cual exigía que se levante la clausura de los centros comerciales en un plazo de 48 horas, entorpeciendo la labor de fiscalización de los municipios. A finales del 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, aseguro que este centro comercial era una "bomba de tiempo" y que era recomendable demolerlo.  

Los inspectores municipales que encontraron una serie de deficiencias en las instalaciones, fueron denunciados por el Real Plaza por "abuso de autoridad". Dicha denuncia sigue en pie, pese a que el tiempo les dio la razón. Para el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, la culpa es del municipio por no hacer su trabajo de fiscalización.

El actual alcalde Mario Reyna es allegado a César Acuña y Alianza Para el Progreso (APP). Acuña ha mostrado su "indignación" por la indiferencia del Grupo Intercorp con las víctimas, pero Shimizu insistió en que el gobernador estaba equivocado, pues ellos han prestado ayuda a las víctimas desde el primer momento.  

Mientras la ciudadanía espera los resultados de las investigaciones y las conclusiones finales del Ministerio Público, es necesario resaltar el accionar de un grupo de jóvenes dedicados al delivery de comida rápida en el Real Plaza, quienes fueron los primeros en rescatar a las víctimas, logrando sacar de los escombros a varias de ellas, aunque otras jamás podrán levantar su voz contra los responsables de esta terrible negligencia.    

LA PENA DE MUERTE ASOMA EN PERÚ

Intrigados por el pedido de la presidenta Dina Boluarte de debatir a nivel nacional la pena de muerte en casos brutales como la "violación a menores de edad", fuimos en busca de dos abogados de la ciudad de Iquitos, quienes por su trayectoria y conocimiento, son voces autorizadas para opinar y dar su punto de vista sobre el tema, sin desmerecer lo que otros ciudadanos pueden pensar, pues de lo que se trata es de enriquecer el debate y sobre todo aclarar si es viable esta propuesta y qué consecuencias tendría en nuestro país.

Para el abogado Warren Gonzáles, con más de treinta años de trayectoria en el Derecho y muchos casos ganados como abogado litigante, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, la pena de muerte está restringido a ciertos delitos, haciendo necesario que se modifique la Constitución para su aplicación en otros delitos, así como la renuncia al Pacto de San José.

"Por su carácter irreversible, da la impresión que en efecto es la solución, todos los gobiernos impopulares levantan esta figura para levantar su popularidad. No es la primera vez que un gobierno impopular levanta demagógicamente esta medida. El Estado, que es rector de conductas, no puede elevar a categoría constitucional aquellos sentimientos que provienen de los extractos más oscuros de la psique humana. Es natural que un familiar reclame la ley del talión, pero en un Estado, los elementos de racionalidad se imponen", sostuvo Gonzáles.  

En el Perú, la pena de muerte se aplica únicamente por traición a la patria en tiempos de guerra y por terrorismo. La última condena de este tipo se dio en 1979, durante el gobierno de Morales Bermúdez. Sin embargo, ante la ola de violencia que azota al país, con casos de sicariato (casi todos los días) contra empresarios o trabajadores por no pagar extorsiones, secuestros a empresarios o sus familiares, feminicidios y violaciones a menores de edad cada cierto tiempo, la pena de muerte se convierte (en efecto) en una "propuesta populista". 

"Se pretenden buscar fórmulas pero hay que trabajar desde la etapa inicial, la política criminal abarca todo eso. Hay toda una dinámica evolutiva de los derechos humanos a proscribir la pena de muerte. La pena de muerte no amedrenta, el que sale a asaltar sabe que se está jugando la vida. No se limita a un tema de derecho penal, los políticos se equivocan. La deserción escolar a temprana edad, los sicarios pubertos, hay una indisciplina social bagante. Nuestras bases de formación se han deteriorado desde que Fujimori asumió el gobierno y rompió la institucionalidad",, subrayó Gonzáles.      

En febrero de 2018, una encuesta de IPSOS reveló que el 87% de peruanos estaban de acuerdo con la pena de muerte y el 68% creían que dicha pena reduciría los asesinatos. El 2024, una encuesta digital en La Libertad, señaló que el 97.7% de la ciudadanía estaba a favor de la pena de muerte. La Libertad es la segunda región más violenta del Perú, solo por debajo de Lima. En dicha región, son varias las organizaciones criminales que se disputan los delitos de extorsión, sicariato y minería ilegal, entre ellos Los Pulpos, Los Compadres, Pulpos Nueva Generación y Los Ochenta.

¿La pena de muerte debería aplicarse solo para violadores de niños o también para sicarios, extorsionadores y feminicidas?

El 2024, el Ministerio de Salud reportó 10,908 casos atendidos de abuso sexual en contra de menores de edad, una cifra que sobrepasa largamente a las del sicariato y extorsión. Para el actual Decano del Colegio de Abogados de Loreto, Marco Noriega, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la pena de muerte se debe implementar por el alarmante índice de crecimiento de los delitos de violación de menores de edad.

"Se debe retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es viable de acuerdo al artículo 78° de dicha convención. Las cifras de violaciones a menores de edad y otros delitos graves en los últimos cinco años son alarmantes. Menores que han sido vulnerados, sus proyectos de vida como tal, y para contrarrestar esto, el Estado peruano debe actuar inmediatamente, para asegurar la protección de los menores de edad. Esto conlleva a todo un procedimiento legal y logístico que ayudaría a garantizar y proteger a los niños y adolescentes frente a actos tan reprochables", aseguró Noriega.

Según Amnistía Internacional, no hay pruebas de que la pena de muerte disuada de cometer delitos más que la pena de prisión. El número de prisioneros condenados a pena de muerte en Estados Unidos ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2009, pasando de 52, ese año, a 11 en 2021, la cifra más baja registrada durante el periodo. En el país norteamericano, solo 27 estados —de los 50— contemplan esta pena. Otros países como China, Irán, Corea del Norte y Arabia Saudita también practican la pena capital.  

Como conclusión, podemos darnos cuenta que hay posiciones a favor y en contra, dependiendo de los delitos, algunos considerados más graves como el abuso sexual contra menores de edad, o incluso el sicariato, que arrebata la vida a otra persona de manera cruel y violenta. Lo mismo sucede con el feminicidio, habiéndose registrado 170 casos el 2024 en Perú. Desde mi punto de vista, el debate debería enfocarse en endurecer las condenas para delitos graves como el sicariato, violaciones a menores, secuestros agravados y otros, además de poder juzgar a menores de 16 y 17 años como adultos cuando empuñan un arma para matar.

Me inclino más por la posición del abogado Warren Gonzales, quien afirma que se debe trabajar desde la "etapa inicial". Es cierto, la pena de muerte no va a amedrentar a los delincuentes, quienes van a seguir cometiendo sus ilícitos penales porque saben bien lo que hacen. Su único interés es el dinero y no la vida de las víctimas. Por eso es importante que la justicia haga un buen trabajo y no deje en libertad a sicarios, extorsionadores, violadores, feminicidas y otros. Tenerlos tras las rejas con condenas sumamente severas como la "cadena perpetua", puede marcar un antes y un después en la vida de la sociedad peruana en los próximos diez años.

También es importante que el Estado reestructure su política penitenciaria, aumentando y mejorando la infraestructura carcelaria, sin privilegios de ningún tipo, y sometiendo a rigurosos controles al personal del INPE y a los reclusos, además de auditorías trimestrales. Poner a trabajar a los delincuentes para pagarle al país y a sus víctimas es una opción bastante viable, de esa manera justifican su alimentación y los gastos al erario nacional. Asimismo, las condenas deberían ser acumulativas. Proceder con una política de deportación masiva de delincuentes extranjeros y mayor logística para la policía, sobre todo en zonas de frontera, podrían ayudar en este proceso.

Lo de Dina no deja ser un "debate estéril" para justificar la ineficiencia de su gobierno en la lucha contra el crimen común y organizado, manteniendo a ministros incompetentes como el del Interior, quien más parece el "bombero" de la presidenta que el encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas de seguridad interna. Todo esto sucede a poco más de un año de las elecciones generales 2026,  donde elegiremos a presidente, diputados y senadores. No nos olvidemos que el actual Congreso tiene mucho que ver en esta ola de criminalidad al haber derogado leyes que nos protegían del hampa por favorecer a sus colegas, involucrados en organizaciones criminales y otros delitos.

 VOLVEMOS A BLOGSPOT, AHORA CON NOMBRE PROPIO

Que alegría me da volver a escribir en este blog que marcó el inicio de mis escritos, los cuales están repartidos en diferentes plataformas.

Justo hoy revisaba todo el material que manejé desde el 2007 hasta el 2014, y vaya que fue una lista larga. Horas y horas escribiendo sobre la realidad política de mi país y mi región, simplemente me llenan de orgullo.

Espero haber contribuido en algo a fortalecer el espíritu democrático de los loretanos y peruanos, y sobre todo a motivar a nuevos líderes y personas que apuesten y persigan un verdadero cambio.  

Vamos a seguir en esta misma línea, hoy casi 11 años después, pero con mayor sapiencia y sabiduría, siempre orientando la opinión hacia la verdad, como tiene que ser. Muchas gracias por visitarme y nos reencontramos pronto.

Atentamente: Ramiro Celis Guerra

CASO IVÁN VÁSQUEZ - PARTE I

Acabo de pasar por la plaza 28 de julio donde un grupo de 30 personas de la agrupación política Fuerza Loretana hace bulla con carteles en mano pidiendo la libertad de Iván Vásquez Valera frente al Palacio de Justicia de Loreto. Según el Poder Judicial la resolución sobre la ratificación o anulación de la orden de prisión preventiva por 18 meses que pesa sobre el presidente regional en licencia se notificará a ambas partes en 48 horas (miércoles 06 de agosto). Hasta el momento Iván Vásquez permanece internado en el Penal de Guayabamba en una zona aislada de los demás internos por medidas de seguridad según informó el INPE. Ayer en la noche el programa periodístico Punto Final que conduce Nicolás Lúcar presentó un reportaje sobre el conflicto social que se vive en Iquitos por el caso Iván Vásquez, donde hace mención de las graves denuncias de corrupción que pesan sobre la actual gestión del Gobierno Regional de Loreto y como los recursos económicos de una región tan necesitada como Loreto habrían sido destinadas a un proyecto de alcantarillado que a vista y paciencia de todos los loretanos presenta serias fallas en su sistema. El caso del alcantarillado en Iquitos es tan sonado que el mismo Wikipedia le dedica un título en su plataforma virtual en Internet donde textualmente dice lo siguiente: “El escándalo del alcantarillado de Iquitos (también llamado caso PTAR o cuento chino de Iván Vásquez) es un escándalo político que ocurre actualmente en la ciudad de Iquitos desde el 23 de agosto del 2012 como resultado de la polémica construcción del alcantarillado integral de Iquitos oficialmente llamado Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Iquitos”. Pero eso no es todo, Wikipedia ha ido ampliando su información sobre la PTAR y los créditos agrarios: “la Fiscalía Anticorrupción de Loreto inició una investigación en contra de Vásquez y otros responsables por colusión agravada y peculado doloso, las irregularidades registradas incluyen la inactividad de maquinaria, faltando a la propuesta técnica; resistencia incompatible en la arquitectura que contradice a las especificaciones técnicas oficiales y deficiencias constructivas (…) costo mayor en mantenimiento y reparación que sobrepasa el presupuesto, el PTAR ha sido construido desfavorablemente en una zona inundable y deleznable en los pantanos del río Nanay”. Todas estas afirmaciones de Wikipedia son verdaderas, el área donde está construida la PTAR es una zona inundable situada en el AA.HH Nuevo Versalles –en la zona noreste de Iquitos- cuya extensión geográfica se inunda cada año debido a la creciente de los ríos amazónicos. Al inundarse el terreno de la PTAR la presión hídrica debilita y presiona las estructuras ocasionando fisuras y filtración de aguas servidas, generando pestilencia y malos olores además de la evacuación de estas aguas a través de las redes del alcantarillado de la ciudad. Adicionalmente y como si no fuera suficiente las cajas colocadas en las veredas de las casas para separar las aguas servidas de las aguas pluviales no funcionan, porque ambas aguas se juntan y van por ambos canales sin ningún tipo de distinción. La razón de ser de la PTAR era que las aguas servidas lleguen a este lugar para que a través de un proceso químico y biológico sean limpiadas y devueltas al río. Actualmente cada vez que llueve las alcantarillas se desbordan abriendo las tapas de los colectores y emanando grandes cantidades de aguas servidas que inundan las calles, las casas y provocan mal olor convirtiéndose en focos infecciosos de diversas enfermedades. Sobre los créditos agrarios Wikipedia menciona lo siguiente: “el mal manejo del canon petrolero provocó ruinas económicas dentro del Programa de Créditos Agrarios (PROCREA) (…) los agricultores recibieron menos dinero de lo que oficialmente les prestaron, entregando sus tierras en prenda, no pudieron pagar la deuda y ahora están arruinados”. Sobre el particular habría que agregar que para la entrega de los créditos se contrató los servicios de una asociación cuyos principales responsables son personas afines al presidente regional de Loreto. Esta asociación entregó los créditos a varios amigos y allegados de Iván Vásquez –según investigación preliminar de la Fiscalía Anticorrupción-, algunos de los cuales hasta el día de hoy no han cumplido con pagar las cuotas de devolución, pidiendo que se les condone la deuda como suele ocurrir en la mayoría de estos programas en el Perú.